El Gobierno español continúa negando la realidad y aplicando parches temporales con el único objetivo de llegar a las próximas elecciones sin enfadar al mayor grupo de votantes en España: los pensionistas.
Sólo en agosto de 2024 se gastaron 789 millones de euros más en pensiones que en agosto de 2023. Un aumento propiciado en buena parte por los 139.000 pensionistas más que se añadieron al sistema durante los últimos 12 meses. Por comparar, el presupuesto en seguridad vial es de 843 millones para todo el año.
Para intentar cuadrar las cuentas hay que ingresar más de donde sea. Uno de los modelos puestos en marcha es el MEI o Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Un impuesto extra a todas las nóminas del 0,7% en 2024 que irá aumentando hasta alcanzar el 1,2% en 2029.
El problema está en que el propio Gobierno espera ingresar este año 308 millones de euros al mes por el MEI, algo que no cubre ni la mitad del aumento del gasto en pensiones.
A partir del año que viene, además del MEI, se suma una denominada cuota de solidaridad, que acabará tasando hasta un 7% todo el salario que supere la base máxima de cotización a la Seguridad Social. Esta cuota, a diferencia de las cotizaciones sociales, no implica un aumento en la pensión que se recibirá a posteriori.
El extraño concepto de solidaridad
Garantizar la sostenibilidad del modelo de pensiones es un objetivo loable, aunque tal vez el vocabulario elegido no es el más apropiado. La solidaridad es, en teoría un apoyo de los que más tienen a los que menos. El modelo socialista de toda la vida.
Sin embargo, impuestos adicionales como el MEI están lejos de esa solidaridad que presumen. Los datos no mienten: los pensionistas -mayores de 65 años- tienen la renta media más alta de España según el INE. Su poder adquisitivo ha subido un 10% desde la pandemia y es el único grupo que gana poder adquisitivo desde la crisis de 2008 (un 6,5% más).
Mientras, los jóvenes menores de 30 han perdido un 11,2% de poder adquisitivo, los de entre 30 y 44 un 7,5% y los de entre 45 a 65 un 10%.
Además, el 83% de los mayores de 65 son propietarios de vivienda, mientras que sólo el 31,8% de los menores de 35 lo son, y la brecha entre las franjas de edad está aumentando con los años.
Con estas cifras, la solidaridad de verdad consistiría, por ejemplo, en añadir una cuota a las pensiones más altas para que los jóvenes pudieran invertirla en vivienda o rebajar su IRPF.
La realidad es que a un trabajador que cobra el salario mínimo y tiene problemas para pagar el alquiler se le ha añadido un impuesto extra que llegará al 1,2% exclusivamente para que los jubilados que ya tienen su vida resuelta y su casa en propiedad puedan seguir disfrutando de uno de los modelos de pensiones más generosos del mundo que, además, suben año a año con el IPC.
